tumblr_ny20zw6ww51u82mcto1_1280El pasado día 15 de febrero la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados alumbró una subcomisión que abordará durante un año la elaboración de un estatuto del artista. El destino quiso que fuera un día después del día de los enamorados, pero en el fondo fue un regalo en forma de consenso político que los partidos representados en el Congreso de los Diputados ofrecían a los sectores culturales. Un particular idilio amoroso del que dimos testimonio esencialmente en redes sociales ya que los medios de comunicación apenas se hicieron eco.

El Congreso parecía así dar los pasos hacia la elaboración de un texto legislativo que pretende dar entidad y proteger al estatuto del artista a nivel nacional. Una vieja reivindicación de algunas de las partes más sindicalizadas y movilizadas de los trabajadores de la cultura. Hay que admitir que es una reivindicación moralmente fundamentada: son tantos los abusos, los desmanes y las experiencias de verse arrojados hacia la precariedad y la desprotección que han sufrido unas amplias capas de creadores, intérpretes y artistas, que se entiende razonable que en virtud de un desafecto exijan del Estado un mayor amparo.

Sin embargo, la simple promesa de que un estatuto del artista puede solventar gran parte de los problemas de este segmento de la población resulta equívoca y embaucadora. Como con cierta frecuencia ocurre en la gestión de la agenda política, proponer soluciones a un problema mediante una producción legislativa ex profeso es, ante todo, una forma generalista y poco concreta de abordar ese mismo problema. Nada más lejano de la posibilidad de resolver problemas concretos que agruparlos todos en un gran paquete que responda a una gran causa política y ofrecer como medidas para solucionar ese paquete una visible y popular medida política. Y mucho me temo que estamos ante una situación de este tipo en el momento que hablamos de la imperiosa necesidad de elaborar un estatuto del artista.

La evidencia empírica y la experiencia comparada nos ha demostrado que, en la gestión de políticas públicas, la fórmula más exitosa de progreso (entendido éste como la mejora marginal de las condiciones de vida de una mayor parte de ciudadanos) se ha dado en aquellas sociedades que han implementado reformas graduales. Esto lleva a implementar aparentemente pequeños avances políticos pero que, al contar con un apoyo social y político más amplio, permiten avances que se consolidan inmediatamente permitiendo así, otros posibles futuros avances marginales. Explica Víctor Lapuente que esta forma de gestionar la agenda política necesita de técnicas de negociación entre las diferentes sensibilidades políticas y de intereses que, instaladas muy lejos de la confrontación y del linearojismo, se fundamentan en las concesiones de las partes. Y, sobre todo, se basan en un principio básico de resolver los problemas: descomponerlos en partes lo más pequeños posibles y entonces resolverlos.

Con el estatuto del artista, el proceso político es el contrario: todos los problemas profesionales, sectoriales, laborales, de seguridad, económicos, etc… todos, se agrupan en un paquete al que denominamos “estatuto del artista”, hacemos una norma con rango de ley, la motivamos, le adjuntamos un protocolo de implementación (aquí todo depende del empeño y de la técnica legislativa que se quiera usar) y la enviamos al BOE. Et voilà!, ¡problema resuelto! Los propios artistas dirán: entonces lo que hay que hacer es cumplir lo aprobado. Y no les faltaría razón. Lo que ocurre es que el problema con frecuencia no es hacer cumplir una ley, sino interpretarla adecuadamente.

 

Divide el problema y lo arreglarás

Sin embargo, no quiero sumir al lector de este texto en el pesimismo absoluto. Ni tan siquiera inocularle el peligroso virus de la desconfianza institucional, nada más lejos de mi intención. El Parlamento está para legislar y para hacerlo siempre a favor del conjunto del cuerpo social al que representa. No deseo ningún óbice al trabajo de la subcomisión encargada de elaborar ese estatuto del artista. Lo que planteo, y eso puede ir en paralelo al trabajo de la subcomisión parlamentaria, es que exploremos otras formas de afrontar, debatir y solucionar nuestros propios problemas. Otras vías son posibles y preceptivas antes de enviar cualquier propuesta política al Parlamento.

Hablaba antes de la descomposición de los problemas en problemas más pequeños para abordar desde esa escala posible soluciones. Esto que no sólo es una técnica de gestión muy exitosa, es también una (contra)técnica política inteligente. Y señalo lo de contra-técnica porque va en contra de la naturaleza de la política, cancha pública por excelencia dedicada a la agregación de problemas. Por eso mismo tenemos que aprender a desagregarlos, a dividirlos y a discutirlos por aislado. En el caso de los artistas, creadores e intérpretes de nuestro país, hagamos lo mismo.

Me resulta difícil de creer que los problemas de la escasez de trabajo de las actrices y actores es el mismo problema que el correcto reconocimiento y remuneración del trabajo de los guionistas. O el reconocimiento singular de la autoría de figurinistas o directores de arte el mismo que el de las condiciones laborales de los bailarines… Y así, enunciando binomios como estos podríamos seguir un buen rato. Entonces, ¿por qué no, desde el sector de la cultura, hacemos el esfuerzo de establecer espacios de discusión y propuestas de mejora a casos/cosas concretas? Una vez que nosotros hayamos hecho ese trabajo, habremos encontrado algunas soluciones marginales, habremos derivado otras posibles soluciones a instituciones públicas pertinentes (no forzosamente las Cortes Generales), y habremos identificado mucho mejor, y de esto no me cabe duda, algunos problemas de mayor rango, que ahora ya sí, podremos enunciar y enfocar de manera más eficaz en esferas o instituciones superiores.

Permítanme acabar con un ejemplo que ilustre mejor las ideas que estoy exponiendo. Hace unos años (alrededor de 2003/04) la Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya se planteó el reto de mejorar las condiciones laborales y económicas de los bailarines que trabajaban en Cataluña. Para ello pusieron en marcha unas plataformas de negociación y diálogo entre bailarines y compañías que permitieron, no con dificultades, que bailarines y compañías estables defendieran sus posiciones e intereses, conocieran las necesidades de la otra parte y acabaran llegando al acuerdo de un pacto regulatorio y de mejora de las condiciones laborales de bailarines y compañías por el que todos salieron ganando. En ese pacto no intervino ni la Generalitat, ni el Ministerio de Trabajo, ni el Parlament. No obligaba a nadie de por ley, pero alentó a todas las partes a asumir como mejoras propias las mejoras de la otra parte, y ese fue el gran valor que tuvo mientras estuvo vigente. Aquel pacto permitió una pax coreográfica mediante la cual el sector consiguió desarrollarse, estructurarse y mejorarse aprovechando así mucho mejor que en otras partes del país, los aires de bonanza económica de años posteriores.

Exploramos otras vías… o esperamos a cosechar la decepción?

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