Los Presupuestos Generales del Estado (PPGGEE) son uno de nuestros particulares y folclóricos “día de la marmota”. Cíclicos, cada otoño su presentación en las Cortes Generales siempre suscita la misma atención: la presentación, el desglose de partidas, las lecturas políticas, etc…
Este año adelantado todo este ritual para que el final de la legislatura no impida la aprobación de esta Ley, la sensación de déjà vu no cambia. Presentados los números, abierta la polémica. Y en cultura, como viene siendo habitual, no se producirá una excepción. Ni agosto, con su tedio y bochornoso sopor agotan las ganas de polemizar con unos números que son por primera vez en los últimos 5 años, tímidamente expansivos. El gasto que el Gobierno a través de la Administración Central va a hacer en cultura en el 2016 asciende a 803,7 Millones de €, un 7,3% más que hace un año. Un gesto que apenas palía el enorme trecho retrocedido, presupuestariamente, en los últimos años.
Pero el ritual de criticar las cuentas del Gobierno para la cultura muchas veces adolece de una distorsión y pasa por alto una obviedad que apenas algunos agentes o analistas traen a la centralidad del debate.
Distorsión
Cuando hablamos del gasto que la Administración Central destinará a cultura estamos hablando de eso, de lo que sólo el Gobierno Central dedica a esta partida. Eso quiere decir que no contempla lo que las otras administraciones (Autonómicas y locales) destinan a cultura. Si observan el gráfico en el que se desglosa qué gasto en cultura hace cada nivel de la Administración General del Estado medido en gasto medio por habitante se puede comprobar lo poco que gasta y lo constante de cómo lo hace, la Administración Central. Si atendemos al último año del que tenemos datos[1], en el 2012 el Gobierno y su Administración significó alrededor del 16% del gasto total de las administraciones públicas en cultura. Un porcentaje despreciable si lo comparamos con los Entes locales (circa 58%) y CC.AA (27%).
A tenor de estos datos, el ruido que genera en los medios de comunicación y en la sociedad hablar de lo que el Gobierno gastará el año que viene, al menos, en lo que se refiere a cultura, parece un tanto exagerado. De preocuparnos esta partida de gasto, o cómo se financian las políticas públicas de cultura, habría que descender también hacia otros planos de la Administración, en particular hacia las CCAA que son las que tienen las competencias en exclusiva en materia de cultura y hacia los Ayuntamientos y Diputaciones que son los que manejan el grueso del gasto.
Esta distorsión, quizá como origen en esas inercias informativas que hacen que lo que ocurre en Madrid tenga un eco mayor que lo que ocurra en otros ámbitos del país lastra la relación del ciudadano con su Administración, muy en particular el ciudadano afectado, en este caso el perteneciente al sector de la cultura, incapaz así de dimensionar, responsabilizar o exigir adecuadamente al nivel administrativo competente.
Obviedad
No todo lo que se gasta la Administración Central, y en particular el Ministerio de Educación Cultura y Deportes en Cultura (669’4M€ previstos para el 2016) sigue una lógica racional distributiva de los recursos con criterio equitativo y meritorio para todos los proyectos culturales diseminados por el conjunto del país. Más bien al contrario, el sesgo tiende a beneficiar las estructuras asentadas en Madrid, la capital, o hacia los viejos programas otrora dependientes de la Admon. Central y hoy en otras manos (p.e. Festival de Granada o Almagro).
No es de extrañar que, tal y como están los aires de enrarecidos en Cataluña, nada más presentarse los PPGGEE la más contundente crítica política en materia de cultura, al margen de valoraciones sectoriales, haya venido del Govern de la Generalitat, eso sí, en forma de un argumento de exposición de agravios y alentador de las ansias de soberanía, también, en términos culturales. Decía Mascarell, Conseller de Cultura que el Gobierno financia por debajo de lo pactado las Instituciones culturales establecidas en Cataluña. Desestacionalizada esa crítica del momento político catalán, esa crítica es válida en cuanto que es comprensible y extrapolable a muchas otras CCAA. A modo de ejemplo, cuáles son los criterios que conducen al Gobierno a decidir que el Reina Sofía debe recibir 36,6 M€ y en MACBA sólo 1,04 M€? Entendiendo que los proyectos tienen dimensiones diferentes, son estas tan diferentes como para que la relación sea 1/35? O, por qué el MACBA tendría que buscar otras fuentes de financiación públicas para completar sus recursos y el Reina Sofía no? Este es un ejemplo, pero aplíquenlo a otras instituciones culturales, aquellas que son de referencia en su CCAA y descubrirán la raíz de la crítica.
Sin embargo esa obviedad de que hay estructuras centrales, o centralizadas, que se ven favorecidas en los PPGGEE por encima de otras descentralizadas abre otros debates todavía más pertinentes sobre la necesidad de mantener esas estructuras centrales en un país tan descentralizado. Si el presupuesto que en los próximos meses se ha de discutir y aprobar en las Cortes Generales corresponde a un ejercicio contable sobre cómo ingresamos y gastamos los recursos de todos los ciudadanos, nada más justo que adoptar un criterio político para distribuir mejor los recursos. Se trata de salvar la obviedad para no cometer agravios, para modernizar y actualizar el sistema de asignación de recursos no sólo a la realidad del país, sino sobre todo a la realidad profesional, artística y cultural. No podemos seguir manteniendo esa ficción de un país centralizado en cultura cuando llevamos décadas construyendo precisamente lo contrario.
En definitiva, los PPGGCC son en lo que se refiere a cultura, una vez más, otra oportunidad perdida de modificar la estructura que el Gobierno hace de su Administración a partir de la herramienta del gasto público. Una oportunidad perdida de modernizar y actualizar esa Administración que más anclada vive en una distorsión sobre su relevancia y obviando una realidad. Aunque de oportunidades perdidas, llevamos unas cuantas, convendría no seguir perdiendo muchas más.
[1] La serie estadística se para en 2012 pues es el último año del que el Estado hace una consolidación de cuentas. Metodológicamente recurrir al gasto consolidado tiene como ventaja que ser trabaja con datos reales, y como inconveniente que son datos algo lejanos en el tiempo. La actualización de esta serie, añadiendo el 2013, se ha de producir en otoño 2015.
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